El expresidente Álvaro Uribe recuperó su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a su favor en la tutela interpuesta por su defensa, con la que buscaba tumbar la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Heredia desde el pasado 1 de agosto.

La magistrada Aura Alexandra Rosero, ponente de la decisión, concluyó que no existían argumentos suficientes para mantener a Uribe en detención domiciliaria, al no encontrarse riesgos de obstrucción a la justicia, amenazas a testigos ni posibilidades de fuga.

En el fallo se destacó que, durante el proceso, el expresidente cumplió con todas las obligaciones impuestas, notificando a las autoridades cada vez que debía salir del país y regresando sin contratiempos. “La falladora no justificó un riesgo real de fuga. Por el contrario, aceptó el buen comportamiento del encartado, quien siempre informó sobre sus viajes internacionales y retornó oportunamente”, señala la decisión.

La magistrada también cuestionó que la jueza Heredia hubiera sustentado la medida de aseguramiento en argumentos “genéricos, ambiguos y ajenos a la realidad procesal”, sin aplicar criterios de necesidad ni proporcionalidad. Incluso recordó que la propia jueza había reconocido el buen comportamiento de Uribe a lo largo del juicio.

“Tampoco se demostró intención de fuga ni solicitud de asilo en el exterior. En un Estado de Derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en riesgos hipotéticos ni en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado”, agregó Rosero.

La magistrada criticó además que se hubiera usado la figura pública del expresidente como un factor para justificar la detención, lo que, según ella, desconoce el principio de igualdad ante la ley. “El sujeto sólo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por sus ideas, personalidad o características. Usar estos elementos como criterio de peligrosidad es un juicio subjetivo”, puntualizó.

Con esta decisión, Uribe queda en libertad, pero deberá continuar compareciendo ante las autoridades cuando sea requerido, abstenerse de interferir en el proceso o contactar testigos, y mantener actualizada su dirección ante la justicia.