En centro carcelario El Barne, por medio de llamadas suplantan a funcionarios de la Policía y la Fiscalía para exigir dinero
Un fuerte operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), permitió desmantelar un call center criminal que operaba desde el interior del Centro Penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá. Desde allí, reclusos suplantaban a funcionarios de la Policía y la Fiscalía para intimidar y exigir dinero a ciudadanos en diferentes regiones del país, principalmente en Bogotá.
La acción, bautizada como Operación Bogotá, se desarrolló con la participación de 150 uniformados, apoyados por herramientas tecnológicas como drones, detectores de metales y sistemas de rastreo electrónico. El objetivo: registrar las 303 celdas del penal, uno de los más seguros del país, y neutralizar las estructuras criminales que continuaban delinquiendo tras las rejas.
El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que este despliegue masivo respondió a denuncias ciudadanas que alertaban sobre el aumento de extorsiones digitales:
“Nuestro Gaula lideró una actividad operacional contra la extorsión en el Centro Carcelario y Penitenciario El Barne. Contamos con un despliegue de ciento cincuenta uniformados, además de drones y otras herramientas tecnológicas, con los que se registraron más de trescientas celdas”.
Hallazgos del operativo
Durante las inspecciones se incautaron 50 celulares, un iPad, 5 módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, joyas, 23 armas corto punzantes, un kilo de marihuana y 12 libretos con información de carácter delincuencial. Estos últimos incluían guiones detallados que los internos utilizaban para realizar llamadas extorsivas, simulando ser miembros de la Fuerza Pública o fiscales en ejercicio.
Las autoridades confirmaron que los delincuentes contactaban a comerciantes, empresarios y transportadores, amenazándolos con supuestas investigaciones judiciales o procesos falsos para luego exigirles sumas de dinero a cambio de “resolver” los casos.
Cristancho destacó que estas intervenciones han permitido reducir en un 19% los casos de extorsión en Bogotá en lo corrido del 2025. De acuerdo con cifras oficiales, se han registrado 291 casos menos que en 2024, lo que refleja la efectividad de los operativos en los centros de reclusión.
Call center criminal en La Picota
Las operaciones contra la extorsión carcelaria también alcanzaron la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí, en el pabellón número 6, las autoridades encontraron otro sofisticado call center criminal con una estructura organizada que incluía teléfonos móviles etiquetados, libretos escritos para coordinar las llamadas y registros de víctimas potenciales.
El operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Inpec y la Fiscalía permitió decomisar 40 celulares, 60 tarjetas SIM, 30 cargadores, 15 cables USB, 18 armas cortopunzantes, libretos con información detallada, licor y estupefacientes.
Según la investigación, los internos empleaban no solo métodos tradicionales de extorsión telefónica, sino también modalidades más sofisticadas como la ciberextorsión y la suplantación de fiscales y policías, ampliando así su espectro de víctimas. Los registros hallados evidenciaron que esta red obtenía ingresos ilícitos superiores a los 250 millones de pesos mensuales.
Llamado a la ciudadanía
La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso en la lucha contra las estructuras delictivas que operan desde las cárceles del país y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de las líneas 123 o 165.
“Gracias a estas intervenciones estamos enfrentando directamente a quienes, aun privados de la libertad, continúan afectando la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, subrayó el brigadier general Cristancho.
Las autoridades anunciaron que se mantendrán los registros sorpresa en diferentes centros penitenciarios del país, con el fin de cortar las cadenas de comunicación ilegal y frenar las extorsiones que golpean a comerciantes, transportadores y familias enteras.
